Resolución bipartidista del Senado de EE.UU. sobre Venezuela

senate seal 1Legislatura 114

Segunda Sesión

Expresando profunda preocupación por la crisis política, económica, social y humanitaria que se vive en Venezuela, instando a la liberación de los presos políticos, y pidiendo respeto a los procesos constitucionales y democráticos.

EN EL SENADO DE LOS ESTADOS UNIDOS

El Sr. Cardin (por sí mismo, el Sr. Rubio, el Sr. Durbin, el Sr. Menéndez, el Sr. Nelson, el Sr. Kaine, el señor Kirk, el Sr. Gardner, y la señora Boxer) presentaron la siguiente resolución; que fue remitida a al Comité de _____________

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RESOLUCIÓN

Expresando profunda consternación por la actual crisis económica, política, social y humanitaria en Venezuela, exhortando a la liberación de presos políticos, y pidiendo el respeto a los procesos constitucionales y democráticos.

Considerando que el deterioro de la gobernabilidad básica y la crisis económica en Venezuela han alcanzado niveles muy preocupantes, que a su vez han dado lugar a una situación humanitaria sin precedentes en Venezuela, donde millones de personas están sufriendo una grave escasez de medicamentos esenciales y productos alimenticios básicos;

Mientras que Venezuela carece de más del 80 por ciento de los suministros médicos básicos y equipos necesarios para el tratamiento de su población, incluyendo la medicina para el tratamiento de enfermedades crónicas y el cáncer, así como antibióticos básicos, y el 85 por ciento de las farmacias están en riesgo de quiebra, de acuerdo con la Federación Farmacéutica Venezolana;

Considerando que, a pesar de la escasez masiva de alimentos básicos y medicamentos esenciales, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ha rechazado repetidas solicitudes de la mayoría de los miembros de la Asamblea Nacional y organizaciones de la sociedad civil, para solicitar ayuda humanitaria;

Considerando que el Fondo Monetario Internacional evalúa que, en Venezuela, la inflación alcanzó el 275 por ciento y el producto interno bruto se contrajo un 5,7 por ciento en 2015, y también estima que la inflación llegará a 720 por ciento y el producto interno bruto se contraerá un 8 por ciento adicional en 2016;

Mientras que la crisis política, económica y humanitaria en Venezuela está agravando las tensiones sociales que han resultado en incidentes cada vez más frecuentes que incluyen disturbios públicos, el saqueo y la violencia entre los ciudadanos;

Considerando que estas distorsiones sociales se llevan a cabo en medio de un clima alarmante de violencia mientras Caracas sigue teniendo la tasa más alta de homicidios per capita en el mundo con 120 por cada 100.000 habitantes, de acuerdo con la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito;

Considerando que el deterioro de la gobernabilidad en Venezuela se ha visto agravada por la corrupción pública generalizada y la participación de funcionarios públicos en narcotráfico y lavado de dinero, lo que ha dado lugar a acusaciones por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos y a investigaciones por parte del Departamento del Tesoro y la Administración para el Control de Drogas;

Mientras que grupos de derechos humanos nacionales e internacionales reconocen que hay más de 85 presos políticos en Venezuela, incluyendo al líder de la oposición y ex alcalde de Chacao Leopoldo López, a la Juez María Lourdes Afiuni, al alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, al ex gobernador de Zulia, Manuel Rosales, y al ex alcalde de San Cristóbal, Daniel Ceballos;

Considerando que, en diciembre de 2015, el pueblo de Venezuela eligió a la coalición de oposición (Mesa de Unidad Democrática) con una mayoría de dos tercios en la Asamblea Nacional con 112 de los 167 escaños en comparación con 55 escaños para el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela;

Considerando que, a finales de diciembre de 2015, la Asamblea Nacional saliente incrementó el número de jueces en el Tribunal Supremo de Venezuela y ratificó magistrados políticamente alineados con la administración de Maduro y, a partir de entonces, el Tribunal Supremo ampliado ha impedido que cuatro legisladores, incluyendo 3 legisladores de la oposición, asuman su cargo;

Considerando que, durante los primeros 6 meses de la nueva legislatura, el Tribunal Supremo ha hecho dictámenes con favoritismos políticos para revocar la legislación aprobada por miembros democráticamente elegidos de la Asamblea Nacional y ha bloqueado procedimientos legislativos internos;

Considerando que, en 2016, el presidente Maduro ha utilizado poderes de decreto legislativo de emergencia para eludir la Asamblea Nacional, los cuales, junto con las acciones de la Corte Suprema, han socavado gravemente los principios de separación de poderes en Venezuela;

Mientras que en mayo de 2016, el Secretario General de la Organización de los Estados Americanos Luis Almagro presentó un informe de 132 páginas que describe las graves alteraciones al orden democrático en Venezuela, invocando el artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana, que pide al Consejo Permanente de la OEA ”realizar una apreciación colectiva de la situación”;

Considerando que, en junio de 2016, en una conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Justin Trudeau de Canadá y el presidente Enrique Peña Nieto de México, el presidente Barack Obama declaró, ‘A la luz de la muy grave situación en Venezuela, llamamos al Gobierno y la oposición a entablar un diálogo significativo e instamos al gobierno de Venezuela a que respete el estado de derecho y la autoridad de la Asamblea Nacional”; y

Considerando que, en la conferencia de prensa conjunta con el primer ministro Justin Trudeau y el presidente Peña Nieto, el presidente Barack Obama también dijo, “Los presos políticos deben ser liberados. El proceso democrático debe ser respetado, y eso incluye los esfuerzos legítimos para realizar un referendo revocatorio consistente con la ley venezolana”, Por lo tanto

Se resuelve que el Senado—

(1) expresa su profunda preocupación por la escasez generalizada de medicamentos esenciales y productos alimenticios básicos que enfrenta el pueblo de Venezuela, e insta al Presidente Maduro para que permita la entrega de ayuda humanitaria;

(2) pide al gobierno de Venezuela liberar inmediatamente a todos los presos políticos, proteger la libertad de expresión y de reunión, y respetar los derechos humanos reconocidos internacionalmente;

(3) apoya los esfuerzos hacia un diálogo que conduzca al respeto de los mecanismos constitucionales de Venezuela y que resuelva la crisis política, económica, social y humanitaria del país;

(4) afirma su apoyo a la invocación del Artículo 20 de la Carta Democrática Interamericana de de la OEA por parte del Secretario General Almagro e insta al Consejo Permanente de la OEA, que representa a todos los estados miembros de la organización, a que realice una apreciación colectiva del orden constitucional y democrático en Venezuela;

(5) expresa su gran preocupación por la falta de respeto demostrada por el Ejecutivo venezolano al principio de separación de poderes, por su uso excesivo de decretos de emergencia, y el sometimiento de la independencia judicial;

(6) pide al Gobierno de Venezuela y a las fuerzas de seguridad que respeten la Constitución de Venezuela, incluidas las disposiciones constitucionales que le dan a los ciudadanos venezolanos el derecho de buscar pacíficamente y a tiempo el referéndum revocatorio en contra de su presidente este año, si así lo desean;

(7) subraya la urgencia de fortalecer el estado de derecho y aumentar los esfuerzos para combatir la impunidad y la corrupción pública en Venezuela, que ha arruinado a un país rico en recursos, que ha agravado tensiones sociales, y que contribuye a los niveles elevados de delincuencia y violencia; e

(8) insta al Presidente de los Estados Unidos a que de todo su apoyo a los esfuerzos de la OEA en favor de soluciones constitucionales y democráticas para resolver el estancamiento político, y que instruya a agencias federales pertinentes para que castiguen a miembros del gobierno de Venezuela responsables por violar la ley de los Estados Unidos y que han abusado de derechos humanos reconocidos internacionalmente.

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Unfortunately, in recent years, continued progress in these areas has been threatened, not least by the elections of radical populist governments in Venezuela, Bolivia, and Ecuador. These governments have instituted retrograde agendas that include the propagation of class warfare, state domination of the economy, assaults on private property, anti-Americanism, support for such international pariahs as Iran, and lackluster support for regional counter-terrorism and counter-narcotics initiatives.

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