República Dominicana: ¿Camino a otra Venezuela?

Inter American Security WatchPor Roger F. Noriega

Mientras la atención de la región se centra en Venezuela y la crisis humanitaria, política, y económica que aquejan a ese país, en la República Dominicana el gobierno del presidente Danilo Medina parece tomar más medidas que perpetúen a su persona y a su partido en el poder—quizás buscando replicar el modelo venezolano.

Recientemente, el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) que consta de 8 miembros (en su mayoría controlados por el partido oficialista) y presidido por Danilo Medina, ha celebrado varias reuniones para elegir a los miembros de las altas cortes: Suprema Corte de Justicia, Tribunal Constitucional y Tribunal Superior Electoral (TSE). Mis fuentes en la Republica Dominicana me informan que la elección de los miembros del TSE es inminente y se espera que el resultado de la elección tendrá como objetivo consolidar el poder de Medina y el PLD sobre todas las instituciones gubernamentales. Más aun, por medio del TSE, diezmar cualquier tipo de oposición en contra de su gobierno.

En 2015, Danilo Medina, con la ayuda de su partido en el congreso, cambió la constitución de su país para reelegirse, a pesar de haberse expresado en numerosas ocasiones en contra de tal medida. Desde entonces, el control del Ejecutivo sobre todos los poderes en República Dominicana está prácticamente afianzado, y los ataques en contra de miembros de la oposición han sido constantes.

Recientemente publiqué un artículo sobre los abusos que el gobierno de Medina estaba cometiendo en contra del debido proceso al hacer mal uso de la información que autoridades brasileñas compartieron con la fiscalía en República Dominicana sobre el escándalo de corrupción de la constructora brasileña Odebrecht. Negando evidencia exculpatoria a los acusados e imputando cargos contra personas sin sustento como es el caso a Andrés Bautista, presidente del Partido Revolucionario Moderno y cuya honorabilidad y honradez ha sido defendida por todos los sectores de esa nación caribeña.

El día de ayer en Santo Domingo el mundo fue testigo de una marcha multitudinaria denominada la Gran Marcha Verde, donde miles de personas salieron a las calles a expresar su inconformidad con la corrupción e impunidad que asedian al país.

La molestia generalizada con la corrupción, una economía en serios problemas por su creciente endeudamiento y un gobierno en proceso de convertirse en dictadura son una de las muchas razones por las que la región, y en particular los Estados Unidos, deben ejercer presión para que la administración de Danilo Medina cese sus intentos por consolidar otra Venezuela o Cuba en el Caribe.

El autor fue Subsecretario de Estado Adjunto para Asuntos del Hemisferio Occidental y embajador ante la Organización de los Estados Americanos en la Administración del presidente George W. Bush (2001-2005). Es investigador visitante en el American Enterprise Institute y su firma, Visión Américas LLC, representa a clientes estadounidenses y extranjeros.

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During the last several decades, the United States has invested billions of dollars in trying to help the governments of Latin America and the Caribbean deliver better lives for their citizens. This has meant helping them increase internal security by combating the illicit growing and trafficking in narcotics and the activities of terrorist groups, as well as helping them to shore up their democratic and free market institutions.

Unfortunately, in recent years, continued progress in these areas has been threatened, not least by the elections of radical populist governments in Venezuela, Bolivia, and Ecuador. These governments have instituted retrograde agendas that include the propagation of class warfare, state domination of the economy, assaults on private property, anti-Americanism, support for such international pariahs as Iran, and lackluster support for regional counter-terrorism and counter-narcotics initiatives.

We are a group of concerned policy experts that fear the results of these destructive agendas for individual freedom, prosperity, and the well-being of the peoples of the region. Our goal is to inform American policymakers and American and international public opinion of the dangers of these radical populist regimes to inter-American security.